Reforma judicial: qué celebrar, qué vigilar y qué no aceptar jamás.
La reforma al Poder Judicial Federal de 2024 y su réplica en los estados cambian, por primera vez en un siglo, la forma en que México elige a quienes imparten justicia. El Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana comparte su lectura técnica.
La reforma publicada el 15 de septiembre de 2024 que transforma la integración del Poder Judicial de la Federación —Ministros de la Suprema Corte, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito electos por voto popular, Tribunal de Disciplina Judicial, eliminación del Consejo de la Judicatura en su forma anterior— ya es derecho positivo. La discusión legislativa terminó. La discusión técnica sobre cómo operará, apenas empieza.
Como colegio de abogados —es decir, como asociación civil profesional sin interés electoral ni posición partidista— es nuestra obligación técnica decir lo siguiente, y decirlo con la precisión que la abogacía exige.
Lo que sí puede celebrarse
Hay algo en esta reforma que la abogacía mexicana debió decir desde antes: la justicia federal necesitaba interlocución pública mayor. La opacidad de algunos procesos de designación, la distancia entre la judicatura y los justiciables, y la falta de mecanismos ágiles de rendición de cuentas eran problemas reales. No inventados. Que una reforma obligue al Poder Judicial a exponer sus procesos al escrutinio público es, en ese aspecto, una oportunidad genuina.
Lo que hay que vigilar con rigor
La elección por voto popular de quienes juzgan introduce un riesgo estructural: la politización del criterio. El juez electo es, inevitablemente, un juez que hizo campaña; y quien hizo campaña, en democracia, contrae compromisos. Blindar al juzgador de esas presiones —con plazos razonables, con independencia presupuestal, con régimen de responsabilidades técnico y no político— es la tarea central de los próximos años. El Tribunal de Disciplina Judicial es la pieza clave. Su integración, su metodología y su relación con el amparo determinarán si estamos ante un órgano de mejora institucional o ante una espada política.
"Un juez independiente no es un lujo del abogado. Es la condición mínima para que exista un cliente, una empresa, un ciudadano con derechos."
Lo que no aceptaremos jamás
La Barra Mexicana ha sostenido durante un siglo el mismo principio elemental: sin tribunales independientes no hay Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay inversión, no hay libertades civiles, no hay abogacía ejerciendo con dignidad. Cualquier interpretación, reglamentación o práctica que —amparada en la nueva reforma— pretenda subordinar el criterio del juzgador a la voluntad del Poder Ejecutivo, de las mayorías legislativas coyunturales o de presiones económicas, será señalada por el Capítulo con la firmeza que esta tradición nos mandata.
No somos partido. No somos gremio en huelga. Somos Barra: vigilantes del oficio y del orden constitucional que lo hace posible. En esos términos seguiremos participando.